WASHINGTON. El líder de una organización de tráfico de personas fue condenado a más de 15 años por la explotación de inmigrantes guatemaltecos en una granja avícola de Ohio, informó hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aroldo Castillo Serrano, guatemalteco de 33 años, fue condenado a 188 meses en prisión por el tráfico ilegal de docenas de compatriotas a quien luego obligaban a trabajar en condiciones similares a la esclavitud, según los documentos de la corte.
Junto con Castillo Serrano fue también condenada su cómplice, Ana Angélica Pedro Juan, de 22 años y también guatemalteca, que recibió una sentencia de 10 años de prisión.
Según la sentencia divulgada por el Departamento de Justicia, el juez del distrito norte de Ohio James G. Carr también condenó a la pareja a pagar conjuntamente 67.230 dólares a las víctimas a modo de restitución por los daños que les causaron.
Según la información surgida durante el juicio, Castillo Serrano se dedicaba a introducir de manera fraudulenta a compatriotas en Estados Unidos, tanto adultos como menores de tan sólo 14 y 15 años, para luego “obligarlos a trabajar en granjas avícolas y de producción de huevos de Ohio usando amenazas físicas”.
La pareja prometía a sus compatriotas buenos puestos de trabajo en Estados Unidos y la oportunidad de educarse, y cuando estos llegaban al país, los instalaban en un parque de caravanas en la localidad de Marion (Ohio), donde los obligaban a vivir en condiciones deplorables.
Sus trabajos, con turnos de hasta 12 horas en la granja de huevos Trillium por un salario de miseria, incluía limpiar gallineros, cargar y descargar cajas de pollos, recortar los picos a las gallinas y vacunarlas.
En el proceso judicial, ocho menores y dos adultos fueron identificados como víctimas del régimen de trabajo forzado, pero los informes de la Fiscalía daban cuenta de hasta 45 víctimas.
Castillo Serrano se declaró culpable el 24 de agosto del año pasado de los cargos de conspiración para someter a personas a trabajo forzoso y manipulación de testigos, entre otros, mientras que Pedro Juan había admitido cuatro meses después haber cometido el primero de esos delitos.
Un tercer acusado, el mexicano Conrado Salgado Soto, de 53 años, fue condenado en abril pasado a 51 meses de prisión.
Tres acusados más, Conrado Salgado-Borbón, Bartolo Domínguez y Pablo Durán Jr., también se declararon culpables de delitos de inmigración en relación con este caso y fueron condenados anteriormente a seis, doce y quince meses de prisión, respectivamente.
“Estos acusados se aprovecharon de las esperanzas de jóvenes trabajadores vulnerables, convirtiendo sus sueños en una pesadilla, explotando su condición de indocumentados y utilizando el miedo para obligarlos a trabajar largas jornadas por un salario exiguo”, declaró la fiscal general adjunta, Vanita Gupta.
La fiscal del distrito norte de Ohio, Carole S. Rendon, destacó que este proceso “subraya la gravedad de estos casos de trata de personas” y muestra que estas situaciones “se dan a la vista y a nuestro alrededor”, por lo que hay que estar vigilantes y denunciarlas.
