SANTO DOMINGO. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo se reservó el fallo del recurso de amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) contra varias instituciones del Estado por el presunto monopolio en el sector transporte.
Los jueces, además, rechazaron varios incidentes y acumularon otros para ser fallados con el fondo, pero mediante dispositivos distintos.
Entre los incidentes rechazados estuvo la solicitud de los intervinientes voluntarios de un plazo de cinco días para ampliar conclusiones, y hacer un descenso en las rutas para comprobar que no existe un monopolio como dicen los empresarios.
Además, los intervinientes forzosos Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), solicitaron ser excluidas del proceso, lo que será decidido el jueves. La lectura del fallo será hecho por la secretaria del tribunal a las 10:30 a.m.
Los abogados de los ministerios de Trabajo, Industria y Comercio, Defensa, Interior y Policía, y Turismo; la Policía Nacional y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre coincidieron en que los empresarios quieren ser parte del pastel.
Dijeron que al CONEP no se le han vulnerado sus derechos fundamentales y existen otras vía idóneas y procedentes para hacer valer sus pretensiones.
El Ministerio de Defensa acusó al sector empresarial de querer ingresar al negocio del transporte público y de carga, no para resolver los males que afectan, “sino para ser parte del pastel”.
La OTTT dijo a los jueces que la instancia es robusta, pero carece de pruebas para sustentar las pretensiones de los accionistas en el recurso interpuesto.
Este mismo planteamiento hizo el Ministerio Público en referencia a la instancia que consta de 108 páginas. “Sólo hay siete comunicaciones del mes de junio de este año dirigidas a los cinco ministerios y dos instituciones del Estado, incluidas en el amparo”, expresó David Betances, procurador general administrativo.
Los representantes del sector transporte, los cuales son intervinientes voluntarios en el proceso, también solicitaron la declaratoria de inadmisibilidad, añadiendo que se está pidiendo al tribunal asumir funciones que corresponder al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo.
El CONEP sometió al Estado por presuntamente no cumplir su rol frente al monopolio que tienen los sindicatos y federaciones de transporte.
Los transportistas atacaron la instancia, argumentando que de acuerdo con un estudio de mercado hecho por Dirección General de Impuestos Internos, este sector está situado en un lugar lejano contrario al que presuntamente ocupan los demandantes. Aseguraron, además, que el amparo ordinario y de cumplimiento debe de ser inadmisible por presuntamente violentar el debido proceso, ya que ambas tienen modos distintos de proceder y en este caso se fusionaron. Dijeron, además, que los abogados del CONEP no han presentado actas de asamblea en donde las empresas que la constituyen hayan otorgado poderes para proceder legalmente en su nombre. Dicen que CONEP no es una persona física para invocar violación de derecho al libre tránsito.
