SANTO DOMINGO. Una Ley de Ordenamiento Territorial vendría a remediar la falta de planificación que afecta al país. Es una necesidad planteada hace 13 años con la Ley de Medio Ambiente, que en el 2000 declaró de alto interés nacional el diseño, formulación y ejecución de un plan que organizara el territorio en un plazo no mayor de tres años.
Con la modificación de la Constitución en 2010, se hizo explícita la necesidad de esta ley- que de acuerdo a expertos urbanistas- impactaría en definir un nuevo modelo de desarrollo en el país.
Hace dos semanas, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y con modificaciones, el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que establece las regulaciones para ordenar el uso de suelo. La pieza, que ahora va al Senado, pasó con 106 votos a favor y tres en contra.
“Uno de los puntos más importantes de la ley tiene que ver con el tema de los usos de suelo. Definir en el territorio cuáles suelos son aptos para el desarrollo urbano, cuáles se deben preservar, cuáles son actos para la agricultura, el gran aporte es que se va a tener esa definición del territorio”, apuntó Rancier.
Los urbanistas Erick Dorrejo y Omar Rancier destacan la importancia de que se apruebe el estatuto que consideran un instrumento esencial para comenzar a construir una cultura de planificación en el país.
“Con la aprobación de esta ley se revierte una práctica histórica en el país de planificar de espaldas al territorio, a partir de la aprobación se apuesta a la planificación del desarrollo tomando en consideración el territorio: sus potencialidades, sus limitaciones, las expectativas de la población y las capacidades de sus instituciones”, enfatizó Dorrejo a Diario Libre.
“La importancia de esta ley es que por primera vez vamos a tener elementos jurídicos que va a determinar cuáles son los tipos de actuaciones que se deben dar en el territorio. La actuación se va a hacer en función de una visión del territorio no de una manera medalaganaria”, sostuvo Rancier.
Para Rancier el territorio nacional puede ser rescatado a partir de una eficiente administración del suelo y de políticas establecidas por ley.
