SANTO DOMINGO. Los participantes ayer del encuentro taller sobre los “Retos del Sistema de Justicia y de la Seguridad en el 2017” coincidieron en que la Justicia tiene que ejercer su poder.
Uno de los más insistentes en ello fue Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad organizadora del evento, quien instó al Consejo del Poder Judicial a “pelear” en el Tribunal Constitucional (TC) su presupuesto, ante la práctica “incorrecta” del Poder Ejecutivo de modificarlo cada año.
Castaños Guzmán entiende que el Gobierno Central no tiene facultad para modificar la planificación presupuestaria de otro poder del Estado, en referencia a que el Poder Judicial demanda un monto y luego se le asigna otro.
“Por eso digo que el Consejo tienen que ejercer su poder, e ir ante el TC que es el que puede mediar en los conflictos que se presenten entre los Poderes”.
Lograr los 2.66% del Presupuesto Nacional que por ley le corresponde es el principal reto que tendrá ese sector para el próximo año, pues sin recursos, no se podrá hacer frente a las debilidades que le afectan, planteó el juez Claudio Aníbal Medrano, otro de los panelistas.
El abogado Ramón Núñez fue más enfático en que la Justicia sea consciente de su poder, tras considerar que ese sector está perdido en su rol político. “No puede ser un ente paritario del Gobierno”, advierte, al tiempo que cuestiona que los jueces tomen decisiones basados en lo que se ventilan en los medios de comunicación. Recuerda que, muchas veces, lo que se maneja en esos medios, responde a los intereses de las estructuras de poder que ventilan lo que les conviene y cómo les conviene, y callan lo que quieren.
La jueza Yokauris Morales, de su lado, señaló la necesidad que se trabaje en la Justicia Penal, y recordó que para que haya cambio en el sistema judicial se tienen que ejecutar los acuerdos multisectoriales, pero para ello, “tiene que haber un compromiso real de las autoridades de las instituciones”.
En cuanto al tema de Seguridad, el consultor Paulo Herrera y el abogado Erick Raful, destacaron los avances logrados con la nueva Ley de la Policía Nacional aprobada este año, pero insistieron en que hace falta mayor presupuesto para lograr sus objetivos.
