Opinión: Procedimiento, Razón y Derecho

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Por: Osiris Disla Ynoa, M.A

Bien hizo el Poder Judicial de la República Dominicana, al origen de la gestión del Dr. Luis Henry Molina Peña, cuando por resolución del Consejo, prohibió a los jueces comunicarse directamente con los abogados de ejercicio sin que al momento de dicho contacto estén presente las demás partes.

La medida se nota de entrada un poco risueña y hasta caprichosa, según la han calificado algunos jueces, sin embargo no por eso deja de ser muy importante, ya que en  muchos tribunales, había un verdadero víacrucis y no era a prender vela o cumplir una promesa, era a gestionar fallos y decisiones unilaterales  en perjuicio de las demás partes envueltas en el proceso, lo que hacía ver la justicia dominicana como un verdadero mercado Persa, con la agravante de que era en la República Dominicana y no en Persia.  

Otro gran problema de la justicia dominicana que hay que resolver y enfrentar a como dé lugar y con carácter de urgencia, es lo relativo a los procedimientos, pues al parecer son verdadera liturgia a seguir y quien no cumplió a raja tabla con ellos, no tiene derecho a que se busque su  razón y su justicia, o sea, se cumple el refrán jurídico ¨Procedimiento mata razón, derecho y justicia¨ y los  violadores de las normas continúan viviendo en impunidad civil, penal, administrativa o de cualquier índole.

El procedimiento supone ser, un conjunto de actuaciones o diligencias sustanciadas o tramitadas según el orden y la forma prescritas en cada caso por el legislador y relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que termina con una decisión favorable o desfavorable.

Al tomar en cuenta más el procedimiento, que la razón y el derecho, se siembra la impunidad en cualquier área jurídica, como es el caso de un accionante que en materia administrativa persigue acciones en procura de detener una violación constitucional, relativas a que el tribunal tutele el mandato de la ley, que prohíbe la reelección en un gremio, donde se abusa del poder y se intenta imponer la reelección a la fuerza, aun cuando la ley lo prohíbe, y que el tribunal rechace o declare inadmisible esas acciones, basado en procedimientos o enfoque de interpretación, haciendo con la decisión que permanezca la violación o se note ausencia de justicia en la nación, mientras que la parte que resulta beneficiada, sea por procediendo o por acto de lobismo, se fortalece y toma esa decisión, para su beneficio personal sembrando el terror de que su acciones son legitimadas, provocando el auge de la violencia inesperada por la burla social y jurídica de un tribunal que no ha cumplido con el mandato de la ley.

Llegó la hora de poner control en la nación y buscar un poco más la razón jurídica, incluso sin necesidad de obviar el procedimiento, pero si siendo un poco más flexible, así evitaremos estallidos sociales por reclamación de justicia o violencia sin motivo.