ABOGADOS DE LOS TRIBUNALES LA REPÚBLICA

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Lic. Osiris Disla Ynoa, director de Medios de Comunicación DISLA-YNOA

Por:Osiris Disla Ynoa, M.A

El Art. 73. De la ley 821, (Ref. Por la Ley 2283 de 1950) sobre organización judicial establece: Que para ejercer la Abogacía por ante los Tribunales de la República se requiere:

1º. Ser dominicano, mayor de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles.

 . Ser doctor o licenciado en derecho de la Universidad de Santo Domingo.

3°. Ser de buenas costumbres y no haber sido condenado a pena aflictiva o infamante.

4°. Haber solicitado y obtenido del Poder Ejecutivo el exequátur exigido por la Ley No. 111, del 3 de noviembre de 1942;

5°. Haber prestado juramento ante la Suprema Corte de Justicia y,

6°. Estar inscripto en el Cuadro de Abogados de un Tribunal de Primera Instancia.

Sobre estas exigencias debemos avocarnos a realizar un análisis rápido y objetivo de la situación de los abogados en la República Dominicana.

En la actualidad existen obstáculos casi insupurables para el ejercicio pleno de la profesión del derecho, pues la ley ha sido puesta en segundo plano para que las cosas caminen conforme a la razón, es así como, las universidades cada periodo de clase gradúan cientos y cientos de nuevos licenciados en derecho, que luego se irán a las calles dominicana al ejercicio de abogado, pero estos nuevos litigantes no reúnen las condiciones esenciales para sostenerse mucho tiempo en un mundo jurídico injusto por demás, y muy poco habilitado para recibir tantos nuevos abogados.

Cuando se analiza el órgano encargado por la ley para el control de los abogados, veremos un colegio de abogados débil, servil e insuficiente, donde sus directivos se pasan la vida en elecciones, años tras años, y las cosas siguen peor, porque es un gremio político, al servicio del gobierno de turno y de quienes logran llegar al poder directivo, en raras ocasiones ha sido dirigido por abogado de ejercicio, que vea y le duela la situación de los demás abogados, que establezca un régimen de consecuencia disciplinaria correcta para los descarriados legales que empañan la carrera. En consecuencia el colegio de abogado existe sólo de nombre y para el presupuesto que luego mal utilizan en perjuicio de  sus miembros.

 De los abogados graduados salieron los jueces, los fiscales, los defensores públicos y privados y también los cuestionados jueces y fiscales que han protagonizado el lio de la supuesta corrupción y venta de fallos, pero también los presidentes del colegio que por ahí han pasado.

Es muy lamentable la forma como se ejerce la función de abogado en la República Dominicana, donde un carajo cualquiera ante de graduarse ya ocupa funciones a veces de privilegios, aún cuando se trate del oportunista más grande que se la paso haciendo fraudes educativos (chivos), que no asistió a clase, ni cumplió con el tiempo exigido en el periodo, y además que fue instruido por la categoría de maestro menos adecuado y preparado, es decir se trata de un total fraude profesional.

En la palestra pública solo se han mencionado los jueces y fiscales que supuestamente vendieron fallos, pero no se hace mención de los abogados que gestionaron dicha compra, pues es lógico pensar que lo hubo, y de ser así, deben ser procesados ejemplarmente.

Las universidades no se están preocupando por la preparación de los estudiantes de derecho, que luego irán a ejercer como abogados, pues muchas veces ni siquiera los estudiantes tienen científicos instructores, y lo más grave de esto es, que el Ministerio de Educación Superior (MESCY) es también inservible, es decir, eso es una cosa cualquiera, que solo sirve para dar rueda de prensa, mientras que la educación superior se está cayendo a pedazos, no supervisan, ni estableces reglas científicas claras para los profesores y alunnos.

Parece ser que el ejercicio pleno, tendrá que ser reformado, ya que no se sostendrá en el futuro, que un abogado ejerza en todas las aéreas, pues para ello debe ser un genio, y no siempre hay muchas lámparas para salir de ellas, tal vez el sistema estadounidense de que los abogados están inscrito en un tribunal del área de su ejercicio, sea imprescindible, y así se vuelve a la ley que estableció estar inscrito en el listado de abogados de primera instancia.

Se vislumbra que los abogados tendrán que buscar otra carrera, pues los defensores públicos, abogados de las víctimas, abogados de los trabajadores, y otros cientos de posiciones que se están designando en el Estado y los poderes públicos, dejaran sin trabajo a los abogados privados, y con la presión de la Procuraduría General para que tranquen a todo el mundo, y donde no se respeta la relación abogado-imputado, ser abogado defensor privado será un iluso, pues si los abogados se reúnen con los clientes o los jueces se ríen con la defensa, se le abrirá un caso penal, por asociación de, malhechores, corrupción y otros.

En definitiva ningún abogado que se respete pudo pensar, que viviría una época como esta, donde desapareció la justicia, el colegio de abogado, se aumentaron las facultades del Estado represivo y se disminuyeron las prerrogativas de los abogados y sus defensores, es una verdadera odisea, cuando se observa en los tribunales, abogados que no saben ni siquiera cual es el rol que le corresponde y que sus representados, están prácticamente en estado de indefensión.

Por otro lado, los jueces y fiscales han aumentado su poderío, e implantan un sistema terrorista en las fiscalías y tribunales, donde resulta a veces hasta difícil, tener una conversación fluida sobre la objetividad del caso, porque en la mayoría de las ocasiones se niegan hasta recibir a los abogados, los humillan y le hablan mal, abriendo las puertas al tráfico de influencia, y en un mundo así nadie desearía vivir.