¿Quién tiene la impunidad?

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El diccionario jurídico define la impunidad como “la falta de castigo por una acción inadecuada”, y ahora ha surgido un movimiento reivindicativo y de protesta nacional denominado “Marcha Verde Contra la Impunidad y la Corrupción”. Ahora bien, hay que hacer una diferencia entre los concepto impunidad y corrupción, pues el primero es un cancer mortal y extensivo que solo se produce dentro del cuerpo del poder judicial o el sistema de justicia de cualquier estado, dicho mal en el sistema de justicia abarca el aspecto persecutor (Ministerio Publico) y el jurisdiccional (Poder Judicial).

En la República Dominicana en los últimos años la impunidad ha venido del sector del poder judicial y con muy pocas señales desde el ministerio público, es decir la impunidad la patrocina el poder judicial, porque los tribunales que son los instrumentos para la aplicación de justicia no funcionan y nadie confía en ellos, ya que fueron prostituidos y aquerenciados por el PLD.

Ese movimiento de la Marcha Verde debe entender que la corrupción es un fenómeno diabólico de adquisición indebida de bienes, especialmente dinero, y que es un patrón de conducta muy bien organizado y sistematizado que implica no sólo la sustracción de dinero, si no un plan estratégico de compra de conciencia en los tribunales para en el caso de que se produzca un sometimiento judicial el proceso sea pulverizado.

La mayor corrupción e impunidad en la actualidad la patrocina los ricos y poderosos a quienes ganarles un proceso en un tribunal resulta un hecho imposible.

El ministerio público de cualquier país puede ser partícipe de los actos corruptivos, pero no de la impunidad en sentido general, ya que el sometimiento judicial puede ser hecho por cualquier vía, inclusive hasta en la inacción del Ministerio Público, el problema sería si la justicia actuaría con eficacia, independencia e imparcialidad; Ahí es donde se producen las quejas porque los jueces en cualquier área del derecho son quienes administran la  justicia jurisdiccional.

El movimiento verde debe realizar protestas por impunidad contra los tribunales con manifestaciones de exigencias de administración de justicia, separándose de la manifestaciones contra la corrupción. Así su movimiento sería más creíble pues mientras se manifiesten contra la corrupción exigiendo la persecución de algunos funcionarios en los tribunales Dominicanos, la impunidad es insostenibles ya que de cada cien usuarios de la justicia, noventa y cinco tienen quejas.  Lo que procede es manifestarse en favor de los pocos jueces que hacen justicia y que son chantajeados por el Poder Judicial para que no lo hagan en contra de los jueces que no respetan la ley de su mandato y ordenamiento, que son la mayoría, es decir en el Poder Judicial el ochenta y cinco por ciento, actúan de manera incorrecta. Un quince porciento actúa bien y son amenazados para que actúen de manera incorrecta mientras que en el Ministerio Público un cincuenta y cinco por ciento actúa de manera correcta y un cuarenta y cinco de manera incorrecta.

En definitiva la impunidad del poder judicial y la corrupción de los gobiernos destruyeron las posibilidades de existencia de la justicia ya quedando solo un esqueleto parado al cual se le da nombre de tribunal, pero cuando se le pone la mano para usarlo cada hueso corre por su hueso, quedando descalabrado y haciendo que crezca en la persona el deseo de abandonar el país para ir a otro más civilizado.

Repuesta Procesal.com.do entiende que el movimiento de la marcha verde debe ser una diferencia entre corrupción e impunidad y manifestarse también en contra de la impunidad. Hasta el momento no lo ha hecho porque son más las personas que esperan ayuda contra la impunidad de sus procesos que los que están siendo señalados desde el liberar del gobierno. Los usuarios de justicia necesitan protección contra los ricos poderosos y extranjeros con poder local que violentan sus derechos sin posibilidades de exigir en los tribunales de manera justa y equilibrada pues si tienen un abogado hábil e influyente no solamente pierden su derecho sino que resultan también condenados que es el extremo de la burda judicial.

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