La fiscalía y la comisión especial de la ONU que apoya la lucha contra la impunidad en Guatemala, pidieron este lunes levantar la inmunidad a cuatro diputados y un alcalde, sospechosos de participar en actos de corrupción, anunció la fiscal general, Thelma Aldana.
Aldana dijo en rueda de prensa que las peticiones de antejuicio fueron presentadas a la Corte Suprema de Justicia contra los diputados Mario Rivera, Luis Chávez, Mirza Arreaga y Mario Yanes, así como del alcalde Arnoldo Medrano, todos del derechista partido Libertad Democrática Renovada (Líder), el principal de oposición.
Según Aldana, Rivera es sospechoso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, debido a que sus ingresos como congresista entre 2007 y 2015 no justifican los 1,2 millones de dólares en su cuenta bancaria, así como la posesión de cinco propiedades «modernas y lujosas» e igual número de vehículos.
«Consideramos en grado de probabilidad la existencia de una fuente de financiamiento no lícito que debe ser investigada», afirmó la fiscal.
La denuncia contra el alcalde Arnoldo Medrano, del municipio de Chinautla, colindante al norte con Ciudad de Guatemala, fue presentada por lavado de dinero, concusión, fraude y asociación ilícita por la adjudicación de contratos a empresas y asociaciones de familiares por cantidades millonarias, agregó.
– Red de sobornos en las aduanas –
En el caso de los congresistas Chávez, Arreaga y Yanes la petición de antejuicio se basa en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias por supuestas coacciones para obtener contratos a favor de empresas afines y nombramientos de allegados en el Ministerio de Desarrollo Social.
Las solicitudes de antejuicio son apoyadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por Naciones Unidas que desde 2007 apoya los esfuerzos de depuración del sistema judicial, actualmente encabezado por el exmagistrado colombiano Iván Velásquez.
«Esto es una persecución política», dijo por su lado el diputado Roberto Villate, jefe de la bancada de Líder en el Congreso, en entrevista con la emisora local Radio Sonora, al indicar que las acusaciones son una represalia por la fiscalización que los legisladores de ese partido han hecho al gobierno del presidente Otto Pérez.
Guatemala vive una crisis política luego de que la fiscalía y la Cicig revelaron en abril una red de sobornos en las aduanas nacionales que involucra a altos funcionarios de gobierno. Un mes después, destaparon la adjudicación ilícita de un contrato por medicinas en el Seguro Social.
El fraude en las aduanas provocó la renuncia el 8 de mayo de la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuyo ex secretario privado, Juan Carlos Monzón -actualmente prófugo- es el principal sospechoso de la operación.
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