SANTO DOMINGO.- Las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Oxfam criticaron este miércoles que la República Dominicana mantenga la criminalización del aborto en casos de violación o malformación incompatible con la vida en su nuevo Código Penal, aprobado ayer.
En un comunicado, las entidades consideraron que la República Dominicana ha perdido una oportunidad de oro para proteger los derechos humanos de las mujeres rechazando despenalizar el aborto.
«Con esta decisión la República Dominicana no solo le da la espalda a miles de mujeres dominicanas sino que las continúa tratando como criminales por ejercer derechos que les son básicos» dijo la directora adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, Juliana Cano Nieto.
«Esta decisión supone un claro retroceso con respecto al Código Penal aprobado en 2014 y que incluía la despenalización del aborto ante 3 causales y que daba mayor protección a las mujeres de República Dominicana» afirmó, por su parte el director de Oxfam en en el país, Raúl del Río.
La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó anoche una serie de reformas al Código Penal que mantiene la criminalización del aborto con la única excepción de los casos en los cuales la vida de la mujer esté en riesgo.
Esto constituye una medida violatoria de derechos humanos de las mujeres, que va a afectar desproporcionadamente a aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza, apuntan desde las organización.
El artículo 110 de la ley de 2014 incluía tres causales de excepción a la criminalización del aborto: Cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo, cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual o incesto y en casos de malformación incompatible con la vida.
Su eliminación es contraria a las obligaciones de derechos humanos del Estado y mandan un claro mensaje de contradicción con las aspiraciones de asumir políticas públicas para reducir la mortalidad materna y alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12).
La República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100,000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 2013.
Los consensos internacionales indican que las medidas con mayor efectividad para reducir la mortalidad materna pasan por establecer disposiciones legales que respeten la decisión de las mujeres, que exista el acceso a anticonceptivos y que se facilite una educación sexual integral.
La reciente decisión contradice los esfuerzos que está llevando a cabo el Estado en la reducción de los niveles de este indicador de desarrollo y de disfrute de derechos.
Así lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al declararlo como «un problema prevenible», que exige la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
En particular, se menciona su «derecho a la vida, a ser iguales en dignidad, a la educación, a ser libres para buscar, recibir y difundir información, a gozar de los beneficios del progreso científico, a estar a salvo de la discriminación y a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva».
Obligar a una mujer, a una niña o adolescente a mantener un embarazo producto de una violación sexual o llevarlo a término cuando existe constancia de la inviabilidad fuera del útero de la mujer, constituye un acto cruel, inhumano y degradante, según ha sido considerado el Comité de Derechos Humanos de la ONU a través de su jurisprudencia.
Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades dominicanas a garantizar el ejercicio de la maternidad segura y elegida como un derecho humano que debe ser garantizado con disposiciones legales libres de discriminación.
