Justicia, Corrupción y Política en la República Dominicana

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Lic. Osiris Disla Ynoa

Análisis Jurídico, sobre la Justicia Dominicana

Por: OSIRIS DISLA YNOA, M.A

En los últimos días, se ha agravado de manera extrema la denominada crisis del Poder Judicial Dominicano, que incluye la Judicatura y el Ministerio Público, donde éste último ha tomado el protagonismo y la delantera en las denuncias contra los miembros de la judicatura, pero ha excluido las debilidades del Ministerio Público, y la estrategia no es mala, sólo que, los ancianos han hecho suyo el refrán que dice que “el que tiene la casa de cristal, no puede tirarle piedra al vecino”, no obstante, procede realizar un análisis profundo y consensuado, de la situación que hoy vive la nación dominicana, por los cuestionamientos de los jueces.

En primer término, es imprescindible establecer, que hubo una segunda reforma judicial luego de la constitución del año 2010 y cuando ya había pasado la reforma del año 1996, en esta última, ascendió a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial el Dr. Mariano Germán Mejía, ilustre abogado de ejercicio, pero de una familia eminentemente política, donde casi todos sus hermanos, han sido funcionarios públicos del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluso el mismo Mariano Germán, en el año 2000, ocupó la función de presidente de Indotel, y es notorio para todo el mundo saber, los conflictos surgidos entre éste y el entonces presidente Hipólito Rafael Mejía Domínguez, lo que provocó un escándalo legal de alta envergadura.

El presidente, Mariano Germán Mejía, en respuesta a las agresiones realizada en el año 2000, por Hipólito Mejía, esperaba la revancha y la misma no se hizo esperar, pues a través del auto No.18-2013 de fecha 17 de abril del 2013, expediente No.2010-3051, declaró no conforme a la Constitución, el artículo 46 de la Ley 6132, de fecha 19 de diciembre de 1962, sobre expresión y difusión del pensamiento, supuestamente según su fallo, por ser contrario al artículo 40 numeral 14 y 49 de la Constitución del año 2010, según lo contemplado en el ordinar segundo de dicho auto, ya en el ordinar sexto de la misma decisión, condenó a Hipólito Mejía Domínguez, al pago de las costas del procedimiento, siendo beneficiado de manera inmediata, el entonces imputado Wilton Guerrero Dumé, senador por la provincia Peravia, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Ésta decisión que se hizo pública del presidente de la Suprema Corte de Justicia del nuevo período, causó un rechazo masivo y algunos periodistas, pasaron días y días con ese tema como central de su programa, la pregunta en ese momento era, ¿Por qué no se inhibió?, porque era notorio el problema entre el presidente de la suprema y el condenado en costa, a partir de ahí, algunos sectores comenzaron a sentir preocupación, diciendo que iniciaba una sintomatología jurídica y jurisprudencial muy peligrosa para la nación.

Es bueno hacer notar, que nadie simpatizaba con Hipólito Mejía, pero tampoco con la decisión del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de la querella por difamación contra el senador Wilton Guerrero Dumé.

El rumor público, sindicaliza al ilustre abogado y presidente de la Suprema Corte de Justicia, como adepto al ex Presidente Leonel Antonio Fernández Reyna, lo cual no es malo, porque el ex Presidente, también es un ilustrísimo abogado de los tribunales de la República, que ha realizado innumerados aporte al derecho y a la justicia dominicana.

Para algunos especialistas, lo malo es, que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial Dr. Mariano Germán Mejía, no supiera diferenciar su función de abogado de ejercicio, amigo, agradecido o compañeros de oficina de quienes le ayudaron a llegar al poder, con la función de presidente de un poder judicial, se critica entonces, lo que muchos han denominado influencia política indudable de un sector del PLD sobre la justicia, que pone en peligro y perjudica a otro sector, por esta razón, cuando se activa la persecución penal contra ex funcionarios, se interpreta como una persecución política de un sector a otro y se activa también con ella la forma de defensa, al nivel y costo que sea, aunque se demerite y destruya de manera total el sistema de justicia y el poder judicial, como sucedió.

Recientemente el Lic. Francisco Tadeo Domínguez Brito, denunció que estaba sometiendo a unos cuantos jueces ante el consejo del poder judicial, y que luego determinaría si lo haría por la jurisdicción penal, según el procurador general, los tipos penales cometidos por estos, son; asociación de malhechores, corrupción, violaciones disciplinarias, y muy específicamente acusó a uno de los ex jueces, que renunció a su función, de ser el cabecilla de una banda, según sus propios términos, que se dedicaba a vender fallos de descargos y a conseguir sentencia disciplinarias favorables, a favor del también sometido, magistrado Delio Germán, todo esto según los planteamientos del procurador, ahora bien, la cosa es más grave, porque ciertamente a dicho magistrado se le conoció un juicio disciplinario en fecha 20 de mayo del 2015, que culminó con la emisión de la Resolución No. 14/2015, donde se declaró no culpable al procesado, lo más grave es, que esa resolución está firmada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y los demás miembros del Consejo, sin objeción de ningunos, ni votos salvados, así las cosas, si resultare ser verdad los planteamientos del Procurador General, en uno de los cargos puesto al hombro contra uno de los ex jueces, también deben ser investigados todos los que firmaron la resolución de descargo.

Es evidente, que los miembros del Consejo de la Suprema Corte de Justicia, su Presidente y los jueces que integran el pleno, son personas sindicalizadas como serios, éticos y buenos abogados, no obstante, hay muchas cosas que aclarar, pues se dice que en el caso seguido por el Estado contra el Senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, se emitió un auto para designar a la ilustre jueza que conformaba la Primera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, magistrada Mariana Daneira García Castillo, quien vendría con una decisión favorable de ante mano, el problema grande es, que ahora no se sabe quien fue que emitió el auto, porque muchos reporte de la prensa, se lo atribuyen al Presidente de la Suprema Corte y otros se lo atribuyen al pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo cierto es, que quien sea que lo haya dado, provocó un problema grandísimo, ya que en el rumor público se dijo que la designada jueza, era esposa de un procurador, subordinada al viejo régimen gubernamental.

Entre todos estos escándalos, sólo sufrió la justicia, que por obligación amerita un cambio urgente, pero no por lo mismo que causaron el daño anterior, sino con la supervisión y participación, hasta de los organismos internacionales si fuere necesario, sin que esta participación constituya un acto de injerencia en las cosas internas del país.

Participación de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos de América, a través de su embajador, James (Wally) Brewster han manifestado su descontento, con el rumbo de la Justicia Dominicana, le han dado seguimiento a la situación y luego de determinar la cierta inseguridad jurídica que existe en el país y los actos corruptivos en la justicia, se han prestado para ayudar, lo que ha sido rechazado, por algunos extremista de República Dominicana, alegando que el embajador se mete en asunto interno de la nación, pero realmente los asuntos de justicia no son tan interno como se ven, porque perjudican a todo el mundo, máxime al socio principal comercial de la República Dominicana, que es Estados Unidos, así las cosas, bien hace ese país con quejarse y vigilar y proponer ayuda, y al hacerlo, no se involucra en asunto interno, sino que oferta un poco del correcto sistema de justicia que tienen, porque si algo funciona bien en los Estados Unidos, es la Justicia, pues allí, cada persona recibe lo que conforme a la Ley le corresponde, se investiga de verdad, se realizan sometimiento de verdad, a todo el mundo se le aplica la misma norma sin importar su poderío político o económico y se indemniza por el error judicial, eso es un verdadero sistema judicial, del cual tenemos que aprender los dominicanos.

Participación del Procurador General de la República.

Se trata del Lic. Francisco Tadeo Domínguez Brito, reconocido como hombre de mano dura, conocimiento jurídico basto, ético, serio, justo y correcto, todo esto en el aspecto personal, pero en el aspecto político, ha sido senador, candidato aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ahora es procurador general por el mismo partido, en definitiva es un político, serio, pero es político, y es su partido que ha traído el problema que hoy, él mismo intenta enfrentar, sólo que, si le es muy difícil, debiera tomar la decisión de renunciar del partido, porque de allí, han venido los escándalos, las acusaciones, los señalamiento de actos corruptivos, y algo no puede ser bueno para una cosa y malo para otra, es decir, no existe una verdadera lucha para salvar la justicia, sino un interés personal de un grupo, que desea tomar el poder de nuevo en perjuicio del otro.

Los fiscales, están viviendo los peores tiempos en el aspecto económico, y han tenido que llegar al extremo de realizar huelgas, y la procuraduría no le has hecho caso. Los actos indebido de los fiscales, superan los de los jueces, y de eso tiene conocimiento la inspectoría del Ministerio Público, que a diarios le ingresan muchísimas quejas, denuncias, querellas formales, llamadas contra fiscales, y el sometimiento de los mismos es casi nulo, de eso no se sabe nada y cuando algunas víctimas se presentan a querellarse o a denunciar, sólo les dicen ¡estamos investigando! y nunca terminan la supuesta investigación, y de las recusaciones no se diga, porque muy pocos abogados tienen conocimientos de algunas recusaciones acogidas por Procuradores Generales de Corte o la Procuraduría General, siempre son rechazadas y en muchos tribunales, gobierna la socialización entre jueces y fiscales, es decir, lo que en otro países no se permite, en nuestro país es el pan nuestro de cada día, de reuniones de jueces y fiscales antes de la audiencia, después de las audiencias, en sus casas, de ahí es que viene, que muchas decisiones están tomadas de ante mano, algunas enmarcadas al pago de dinero, otras a los agradecimientos y ayuda, pero en un sistema sano de justicia, como el Ministerio Público representa una parte del proceso, no le está permitido reunirse con los jueces, bajo ninguna circunstancias, a menos que no sea con la otra parte también presente, y si lo hacen son sancionados, tanto los jueces como los fiscales.

A los jueces que serán procesados el día 27 de noviembre, se les acusa de  haber vendido fallos a descargos, y sobre esto, la magistrada Miriam Germán, Presidenta de la Segunda Sala para los asuntos Penales de la Suprema Corte de Justicia, dijo que había que revisar esos casos uno por uno, donde quiera que fallaron y estuvieron esos jueces, ahora la pregunta será ¿Y los fallos condenatorios que fueron la mayoría, cuantos costaron?, ¿serán revisados también?, parece ser que se trata de una falsa, de un engaño que pretende establecer un derecho de condena y no de descargo, porque si esos jueces vendieron fallos de liberación y resultare que le son probados esos hechos, es lógico, que los fallos diligenciados para condenar fueron más, pero como esos condenados no tienen dinero para defenderse, nadie habla por ellos.

Al grupo político del Procurador General, le será difícil tumbarle el pulso, a Mariano Germán Mejía en la Suprema Corte de Justicia, por varias razones, la primera, porque éste es hermano de Alejandrina Germán Mejía, Ministra de la mujer y del comité polito del PLD, también es hermano del Ingeniero Mariano Germán, sumamente influyente en los litorales del partido del Procurador y del Presidente de la Suprema Corte, el segundo motivo es, que Mariano Germán Mejía, no se dobla fácil, es de San Francisco de Macorís y allí, cuando no existen armas se acude a las piedras para el pleito, es decir, los francomacorisanos se distinguen por pelear con piedras y para el Presidente de la Suprema Corte no sería la primera vez, pues a Hipólito Mejía le fue un poco difícil sacarlo de indotel en el año 2000, por eso se sospecha que el pleito va para largo.

Otra situación es, que la dinastía de los Germán, es y será muy difícil de romper, aunque el Presidente Danilo Medina Sánchez, de San Juan de la Maguana a través del Procurador General de la República y aprovechando esas debilidades del Poder Judicial, casi están convencido de que se están creando las condiciones para arrancar de las manos el botín de guerra, al grupo del Dr. Leonel Fernández.

Nadie puede creerse el cuento del Procurador General de la República de que existe interés en esa casta social maligna del PLD, partido al cual pertenecen ambos funcionarios judiciales de resolver el problema de la justicia y mucho menos que se pueda resolver, ya que eso no tiene solución pacifica entre esos grupos que en su momento se dividieron por pedazos la justicia y ahora se debaten el poder de nuevo.

En definitiva, queda demostrado, fuera de toda duda razonable que los abogados Dres. Mariano Germán Mejía y Francisco Domínguez Tadeo Brito, están íntimamente ligados al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en cofradía de familia y amigos, incluso junto con los hermanos de Mariano Germán, de los cuales el Procurador es íntimo amigo, miembro y socio en el comité político, allegados de los dirigentes políticos, además ha quedado probado, que ambos funcionarios judiciales, han puesto en peligro la justicia dominicana, pero de manera pública, tienen un teatro, con apariciones en ruedas de prensa, con sonrisa incluso de burla, como lo ha hecho el Presidente de la Suprema Corte, situación que lo descalifica a ambos para estar al frente de una cosa tan sagrada, como la aplicación de justicia.

En la última rueda de prensa ofrecida por Mariano Germán Mejía, cometió la indelicadeza e indiscreción, de acusar públicamente a la magistrada Awilda Reyes, quien supuestamente le informó que había recibido una suma de dinero, para fallar a favor del regidor que estaba preso, y que además le informó que actuaba por órdenes superiores. De las declaraciones del Presidente de la Suprema, se interpreta que debe inhibirse del conocimiento del juicio disciplinario contra Awilda Reyes y los demás, porque ya su decisión condenatoria, está ofrecida de ante manos, y si no se inhibe, seguro pretende hacer como lo hizo en el caso de Hipólito Mejía, ser juez y parte, además peligra la credibilidad discrecional, para que cualquier juez se atreva a confesarle a ese Presidente, una situación personal de riesgo.

Especialista que escucharon la rueda de prensa de Mariano Germán Mejía, entienden que el mismo no debió hablar, porque lo hizo para defenderse él, su moral y su familia, como éste mismo expresara, y parece que viene por ahí, algún tipo de acusación que lo pueda involucrar, y hacerlo por obligación, abandonar el cargo en el que tan mala suerte ha tenido.

Pareciera como si se tratara de un adelanto de defensa, o una crónica de una muerte anunciada, pero el análisis que se realiza a través de éste escrito, no puede ser tomado de manera personal ni por el Presidente de la Suprema, ni por el Procurador General de la República, ya que en un mundo donde impera la libre expresión, lo menos que pueden hacer los ciudadanos consientes, que no ostentan el poder político, es hablar, y cuando se impida la expresión, todo deben preferir estar muerto.

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