Armas de fuego en México, en el punto de mira tras ataque de menor en colegio

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MÉXICO. El ataque a tiros de un menor en un colegio de la ciudad de Monterrey, que ha dejado cuatro heridos y el suicidio del agresor, pone en el punto de mira la posesión de armas de fuego en México, un derecho permitido por la Constitución y que ha desencadenado la polémica cuando se ha puesto sobre la mesa.

“Esto es ver la violencia cruda; cuando hay armas en las casas y los niños, los jóvenes, tienen acceso a ellas, eso puede suceder”, aunque sea por “un descuido” o “no queriendo”, refiere María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, sobre los hechos violentos cometidos con armas de fuego.

Lo ocurrido ayer en el Colegio Americano del Noreste, comenta a Efe la activista, debe servir para que iniciativas para facilitar el acceso a las armas “sean inmediatamente desechadas y ni siquiera sean discutidas”.

El pasado octubre, el senador Jorge Luis Preciado, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para permitir el porte de armas por ciudadanos en negocios y automóviles, además de en sus casas.

Sin embargo, su partido se deslindó el mismo día de la iniciativa del senador y esta no llegó a debatirse en el Congreso de la Unión.

“Este tipo de propuestas, o la pena de muerte, la gente las ve viables por el miedo social que existe; sin embargo, esta propuesta no tiene sustento en estudios de investigación”, defiende Morera, con un contundente “entre más armas hay, hay más violencia”.

México debería apostar por acciones “que eviten la entrada de armas ilegales”, o que planteen qué se debe hacer para que quien tenga permiso de usar armas sepan utilizarlo de manera correcta, valora la activista.

Asimismo, considera que falta “mucha más comunicación, más cultura del uso de armas, información para los jóvenes de qué sucede cuando hay armas en las casas”.

Para el politólogo Héctor Villarreal, “el problema de fondo no es tanto quién puede tener armas y quién no, el problema es la debilidad de las instituciones del Estado mexicano para garantizar la seguridad pública”.

Lo ideal, continúa el profesor adscrito al Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, sería un escenario en el que no hubiera armas en circulación, así como una severa restricción de acceso a ellas, “pero el problema es que estamos ante una realidad que rebasa este escenario”, por la violencia en el país.

La Constitución mexicana, en su artículo 10, señala que todos los habitantes del país “tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa”, con excepción de las armas prohibidas por la ley y reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Este derecho está condicionado por los requisitos que marca la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre ellos, tener “un modo honesto de vivir”, haber cumplido el servicio militar o no consumir drogas.

También es necesario acreditar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la necesidad de portar armas, ya sea por la naturaleza de la ocupación de la persona, las circunstancias especiales del lugar en que viva o “cualquier otro motivo justificado”.

En la ley, valora el politólogo, “parece que hay ambigüedad y discrecionalidad por parte de la autoridad para decidir a quién se le da y no se le da permiso”.

Al igual que ocurre en otros ámbitos, como en la compra de un vehículo, “una persona que tiene la licencia (de armas) debe asumir las responsabilidades sobre las posibles consecuencias”.

Respecto del acceso que pudieran tener los menores a estas armas, “eso es una responsabilidad directa de los padres de familia”; aspecto también aplicable a otros elementos domésticos a los que se puede dar mal uso, como “cuchillos o armas blancas, o automóviles”, ejemplifica Villarreal.

Al analizar más ángulos del debate sobre las armas, el politólogo también añade que en México no hay cuerpos de seguridad que respondan si se produce un abuso con el derecho de portación de armas, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde las

leyes son más flexibles pero los policías “están preparados para actuar de manera eficaz”.